Es una institución separada y distinta de las demás.
Su función es garantizar la supremacía de la Constitución y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos. Sus tareas son:
Sus relaciones con los otros poderes se reflejan en el nombramiento de sus miembros. El Gobierno, las Cortes Generales -por mayorías muy amplias- y el Consejo General del Poder Judicial propone el nombramiento de sus 12 miembros. El Rey les nombra para un periodo de 9 años. De esta forma se garantiza su legitimidad democrática y la independencia en el ejercicio de sus funciones.